A finales del año 2000, ciertos observatorios captaron un rápido aumento del número de temblores de baja intensidad en los alrededores del monte Fuji, los cuales indicaban que en el subsuelo había de nuevo magma en movimiento y que el Fuji está todavía activo. Tanto el gobierno nacional de Japón como los gobiernos locales situados alrededor de la montaña se preocuparon, por lo que en 2001 solicitaron a los vulcanólogos que realizaran un “mapa de riesgos” para hacer una estimación del daño que podría sobrevenir tras otra gran erupción. Los científicos informaron de que, si tuviera lugar una actividad volcánica de la misma escala que la erupción Hoei de 1707, en el peor de los casos, los ríos de lava cortarían la autopista Tomei y la línea del tren bala Tokaido Shinkansen, dos arterias vitales de la economía del país. La ceniza volcánica llovería sobre todo el Gran Tokio. Y estimaron que las posibles pérdidas monetarias alcanzarían una totalidad de más de 2,5 billones de yenes.

El informe incitó al gobierno nacional japonés y a los gobiernos municipales cercanos al Fuji a comenzar a preparar planes de evacuación y a organizar simulacros de respuesta al desastre. Los institutos de investigación de actividad volcánica decidieron mejorar los sistemas observatorios para el monte Fuji y establecer una base central de datos en el Centro de Observaciones e Investigación Volcánica de la Agencia Meteorológica de Japón, a fin de conservar juntos todos los datos monitorizados hasta ese momento. De esa y otras maneras Japón está desarrollando un sistema de alarma temprana para pronosticar la próxima erupción del monte Fuji.