La Constitución de Japón, que entró en vigor en 1947, se basa en tres principios: la soberanía del pueblo, el respeto a los derechos humanos fundamentales y la renuncia a la guerra. La Constitución también estipula la independencia de los tres poderes políticos: el legislativo (la Dieta), el ejecutivo (el gabinete ministerial) y el judicial (los tribunales). La Dieta, parlamento nacional de Japón, es el órgano supremo del poder político y único órgano del Estado con poder legislativo. La Dieta está compuesta de una Cámara de Representantes de 465 escaños (la cámara baja) y de una Cámara de Consejeros de 248 escaños (la cámara alta). Todos los ciudadanos japoneses tienen derecho a votar en unas elecciones una vez cumplidos los 18 años de edad. Japón tiene un sistema de gobierno parlamentario como Gran Bretaña y Canadá. Los japoneses no eligen directamente a su presidente, como hacen los americanos o los franceses. Los miembros de la Dieta eligen al primer ministro de entre sus propios miembros. El primer ministro forma y preside el gabinete de ministros del gobierno. El gabinete, en el ejercicio del poder ejecutivo, es responsable ante la Dieta. El poder judicial recae en el Tribunal Supremo y en los demás tribunales, como por ejemplo los tribunales superiores, los tribunales de distrito y los tribunales sumarios. El Tribunal Supremo consta de un presidente del tribunal y otros 14 jueces, todos los cuales son nombrados por el gabinete ministerial. La mayor parte de los casos son resueltos por los tribunales de distrito. Existen también tribunales sumarios, que se ocupan de problemas como las infracciones de tráfico. En mayo de 2009 se introdujo un sistema de jurados populares, para los que se elige a seis ciudadanos adultos (de más de 20 años) por sorteo, que actúan como miembros del jurado en causas penales instruidas en tribunales de distrito. Hay 47 administraciones locales, tantas como prefecturas y más de 3000 ayuntamientos. Entre sus responsabilidades se incluyen la garantía de la educación, el bienestar social y otras prestaciones, la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras, incluidas las empresas de servicio público. Su actividad administrativa las mantiene en contacto directo con la población local. Los presidentes de las administraciones regionales y los miembros de las asambleas locales son elegidos por sufragio universal.
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